La estadística del Consejo General del Poder Judicial registró entre 2013 y 2019 448 condenas por delito de tortura de los cuerpos represivos
De acuerdo a las cifras ofrecidas en las estadísticas anuales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre 2013 y 2019 se registraron 448 condenas por el delito de tortura, aplicable –según el artículo 174 del Código Penal– a «la autoridad o funcionario público» que, «abusando de su cargo», provocase a otra persona «sufrimientos físicos o mentales» que «atenten contra su integridad moral».
El último informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Defensor del Pueblo reconoce la existencia de condenas por tortura, muchas menos de las que se denuncian. Mientras los políticos niegan que el estado español torture en sus cárceles y comisarías, lo cierto es que estos datos dejan asomar siquiera levemente la existencia oficial de las mismas.
Según el Centro de Documentación de la Tortura la mayoría de las denuncias por agresiones policiales se refieren a actos cometidos en la calle, durante una identificación policial, en el momento de la detención –incluso sin que posteriormente la persona agredida sea detenida– o durante su traslado a comisaría o cuartel.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a España en 11 ocasiones por no investigar debidamente ese tipo de denuncias. La última sentencia se hizo pública en enero pasado: entonces se supo que España tendrá que indemnizar con 20.000 euros a Iñigo González Etayo, un joven vasco que denunció torturas tras ser detenido en una redada de la Guardia Civil en 2011.
En una respuesta en mayo de 2020 al senador de Compromís Carles Mulet, el Gobierno enumeraba 118 expedientes «por denuncias de supuestas torturas en el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía» entre el 1 de enero de 2009 y el 22 de mayo del año pasado.
Denuncias en las cárceles
En la respuesta dada a un diputado vasco, Interior recogía también el «número de procedimientos abiertos por malos tratos por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias» entre 2015 y 2019. La suma de los datos allí reflejados arroja un total de 504 casos en ese periodo. Destaca la prisión de Castellón II, con 43 procedimientos, seguida de la cárcel madrileña de Estremera con 41 y la andaluza Puerto III con 39.
En el caso de Catalunya, que cuenta con la competencia de Prisiones transferida, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Defensor del Pueblo señala en su último informe que entre 2018 y 2019 se recibieron 58 quejas por torturas o malos tratos. El centro penitenciario Brians II registró en ese periodo 24 quejas, mientras que en Brians I hubo otras 18.
(Fuente diario Público)
