Tendrá que indemnizar con 55.000 euros a dos encarcelados de la 'operación Ice' después de que las tres grandes investigaciones policiales por terrorismo contra grupos anarquistas en 2015 terminaran en el archivo o en sentencias absolutorias
El Gobierno convirtió el terrorismo anarquista en una de sus prioridades policiales hace una década. Operaciones con decenas de detenidos en las que el Ministerio del Interior publicitaba la desarticulación de comandos a los que atribuía ataques a bancos, elaboración de explosivos y colaboración con otros grupos terroristas y que, una década después, han terminado en nada, según recoge la prensa burguesa estos días.
La indemnización a uno de los anarquistas de la 'operación Ice' por pasar año y medio en prisión de forma injusta retrata cómo la Policía, la Fiscalía y algunos jueces de la Audiencia Nacional impulsaron causas fallidas mientras el Gobierno difundía el miedo a un “terrorismo anarquista implantado” cuya existencia nunca se demostró.
Ignacio Cosidó, jefe de la Policía Nacional dejó claro en junio de 2014 que el Estado consideraba que el anarquismo radical era un problema de seguridad pública. “El terrorismo anarquista se ha implantado en nuestro país. La lucha contra esta forma de terrorismo constituye ya una prioridad para nuestra Comisaría General de Información”, afirmó. Pocos meses después llegaron las grandes operaciones policiales y judiciales tuteladas desde la Audiencia Nacional, organismo competente para investigar delitos de terrorismo.
