Nando Tomil (CNA Asturies)
Desalojo policial / Público
Sánchez prepara una normativa que dará plenos poderes al presidente para decretar el estado de excepción y que supondrá la limitación de libertades individuales para situaciones que los gobernantes consideren de manera arbitraria “especiales”, incluido el terrorismo.
El gobierno socialdemócrata prepara nuevamente su artillería legislativa tendente al recorte de libertades, al abuso policial y judicial. Como es habitual tiene que ser un gobierno “de izquierdas” el que haga este tipo de trabajos sucios para defender los intereses del poder, algo que la derecha no se atreve. Tenemos ejemplos históricos, como las principales reformas laborales que han recortado derechos ala clase obrera o, más cercana al caso que nos atañe, la Ley Corcuera de la ‘patada en la puerta’, aprobada por un gobierno ‘socialista’ y que autorizaba a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a entrar en una vivienda sin el aval de un juez siempre que tuvieran un “conocimiento fundado” que les llevara “a la constancia” de que se estaba cometiendo o se acababa de cometer un delito.
Cuando, por decisión de un presidente del Gobierno, se declare en España un estado de crisis, todos los ciudadanos sin excepción deberán cumplir las órdenes e instrucciones que impartan “las autoridades”. Esta normativa, aún en preparación bajo el nombre de Ley de Seguridad Nacional, bebe de la fuente constitucional que regula la mili obligatoria, en concreto el artículo 30 de la Constitución: “los españoles tienen el deber y derecho de defender a España”.
Se justifica esta “Ley de Seguridad Nacional” en la situación vivida de pandemia, aunque el gobierno, aprovechará, como han hecho siempre todos los gobiernos, para meter en el mismo saco a aquellos que les molesten o a los que consideren “terroristas” un vago concepto con consecuencias penales muy graves que lo mismo es utilizado para meter en la cárcel a yihadistas que ponen bombas como a unos chavaletes vascos que tienen una pelea de bar con unos guardias civiles de paisano (Caso Altasu). Suponemos que, como ya se ha hecho en otros momentos de la historia, no está lejos el día en que lxs anarquistas seamos incluidos en el mismo saco. Para echarse a temblar.
Esta ley “de seguridad nacional” amparará al llamado Consejo de Seguridad Nacional, un órgano asesor del presidente integrado por ministros, directores generales, mandos de la Defensa y que preside el Rey.
Además de que esta Ley supondrá un amparo legal para la arbitrariedad del poder contra la población civil, se pretende también que sustituya a todas las iniciativas populares generadas espontáneamente durante las crisis, acciones de apoyo mutuo no reguladas por el Estado en el que la población dio ejemplo de solidaridad y de organización en situaciones límite y sin tutela estatal.
La Ley es amplísima y permitirá a las autoridades desde la requisa temporal de todo tipo de bienes, a la intervención u ocupación provisional de los que sean necesarios o a la suspensión de todo tipo de actividades. La ley excluye el pago de indemnización a quienes sean obligados a realizar una prestación personal para el Estado.
El peligro es que esta ley no especifica cuándo y en qué circunstancias se puede aplicar, por lo que se supone que, además de situaciones de emergencia sanitaria como la vivida con el covid podrá aplicarse en otros aspectos que hagan peligrar el status quo del entramado estatal. Y es que tampoco el artículo 30 es muy concreto a ese respecto, ya que su artículo 4º habla de que “mediante ley, podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública”. La normativa puede también obligar a asociaciones y organizaciones a trabajar para el Estado, no solo a individuos.
La ley puede obligar además a los medios de comunicación a colaborar con las autoridades competentes en la difusión de informaciones de carácter preventivo u operativo. Aunque en este caso no habrá problemas, porque la sintonía entre los mass media y el poder político y económico nunca estuvo en tan buen momento.
Las principales críticas desde el sistema a este anteproyecto son que, de aprobarse tal cual está ahora, configuraría un escenario en el que se diluye el control jurisdiccional. Además, se pone de manifiesto su indefinición, tanto en los supuestos que darían pie a la eventual suspensión de algunos derechos como en cuáles deben ser las prestaciones personales. Por otro lado esta ley generaría una gran inseguridad jurídica, lo que permitiría la actuación arbitraria de autoridades, jueces y policías ya que no se enumeran ni los supuestos que darían lugar a la anulación de algunos derechos, como el derecho al trabajo, ni se hace listado de cuáles deben ser esas prestaciones personales. En definitiva, esta ley, que da amplios poderes al presidente, es perfecta para generar abusos de autoridad, mucho mayores del que sufrimos actualmente, con la permanente criminalización de los movimientos y protestas sociales.
En cualquier caso si se lleva adelante conllevaría un refuerzo del militarismo y de reintroducción de valores militaristas en la sociedad, como bien dicen los compas de La Tortuga. Será un buen momento para replantearse nuevamente la insumisión al Estado de llevarse a efecto esta ley. La pandemia ha sido un laboratorio de experimentación por parte del poder para ensayar de manera autoritaria la conducción de una crisis. Con esta Ley, dicen desde La Tortuga “ahora ván más allá y van a reimplantar la conscripción, el gran ideal de espiritualización y de la aceptación servil de la sociedad cuartelaria y miedosa que están construyendo”.
Será esta ley un nuevo mecanismo que permitirá al Gobierno imponer a la población prestaciones personales sin necesidad de declarar tediosos y complejos ‘estados de alarma’ que además les son tirados abajo constantemente por los jueces, como estamos viendo estos días.
Se quiere evitar por otro lado, como señalé más arriba, que la sociedad adquiera protagonismo en la autoorganización, lo que ha ocurrido en muchas partes del planeta durante esta crisis y que pone nerviosos a nuestros gobernantes, pues cuestiona sin duda la utilidad del Estado, además de su eficacia. Esta ley vendría a monopolizar desde arriba y no desde abajo, la gestión de situaciones de crisis graves y se impondría por la fuerza contra otras formas de organización alternativas y horizontales.
