Obrero Prisionero nº17 (Comité Pro Presos CNT-AIT Levante) Fragua Social
A un año de su entrega a Francia en ejecución de una OEDE, y de su posterior puesta en libertad en espera de resolución judicial, los compañeros de la CNT francesa nos comunican que nuestra defensa ha obtenido el acuerdo de la fiscal del Tribunal de Apelaciones de París para desactivar definitivamente la orden internacional de detención ya ejecutada y que el compañero pueda moverse con libertad sin miedo a ser detenido de nuevo.
En efecto, la trampa que más temíamos era la de la cárcel preventiva en una espera de juicio que se podría dilatar mucho tiempo, tanto que su estado de salud no lo pudiera resistir dadas las pésimas condiciones sanitarias y de trato en la prisión francesa. Este obstáculo se salvó gracias a un error, al no ser entregado al juez dentro de plazo, lo que permitió su puesta en libertad a los pocos días de ser entregado. Pero también es necesario que dejen de emitirse OEDE por la misma causa.
Esto, ahora que se ha conseguido que la fiscalía desactive la orden de difusión de la OEDE y su eliminación del registro de la policía, ya es poco probable. Esta persona que el estado francés ha seguido buscando después de cuarenta y dos años, por un supuesto delito de atraco a una entidad bancaria en París en la que afirma no haber participado, con una cantidad robada equivalente a poco más de mil euros, sin daños personales, ya fue puesta a su disposición por el estado español. Esto se hizo desoyendo las peticiones de sus muchos abogados, quienes, durante años, demostraron con pruebas que ya el año 79 Nieto Galindo había sido interrogado por la policía francesa en una prisión de Murcia, que estuvo por tanto localizable y localizado, no en rebeldía, y que su causa está más que prescrita. Pero ni eso, ni su edad y enfermedad, resultaron impedimento para la Audiencia Nacional, recordemos, antiguo Tribunal de Orden Público del franquismo.
Así es. Esta es la España democrática en la que vivimos. A los torturadores y asesinos del anterior régimen, se les ampara, en virtud de una ley de Amnistía que protege a los criminales franquistas y por obra de unos magistrados herederos del anterior régimen. Ejemplos muy recientes: González Pacheco alias “Billy el Niño”, uno de los mayores torturadores de la anterior dictadura, murió por coronavirus en mayo del año pasado, anciano, con sus cuatro medallas pensionadas, sin haber sido siquiera condenado. En abril de 2014, la Audiencia Nacional negó su extradición a Argentina bajo el supuesto de que las torturas de las que fue responsable no constituían crimen contra la humanidad por no ser parte de un ataque organizado y sistemático contra un grupo determinado de población (por lo visto, a su parecer, los opositores al régimen franquista no lo eran), y que los delitos estaban prescritos (por lo que se ve, para la Audiencia Nacional, los atracos no prescriben, las torturas, sí). Y Carlos García Juliá, responsable directo de la matanza de Atocha, fue puesto en libertad hace tres meses sin haber cumplido los doce años de cárcel que le restaban para llegar a los 30 de condena, a su vez, producto de una refundición sobre un total original de 193 años, al haberse acogido con total libertad, al código penal de 1973. Este mismo código, que impide reconocer los beneficios de redención por el trabajo, no le fue aplicado por la Audiencia de Ciudad Real, de manera que después de muchos años de facilitarle fugas por América con permisos de libertad o “prelibertad”, a los dos años de su extradición definitiva, queda libre de condena, por inhibición de la Audiencia Nacional, que reconoció a la Audiencia de Ciudad Real la competencia para efectuar la liquidación de condena. “Inexplicable” es el calificativo de los abogados de los familiares a las actuaciones de la AN en este caso.
Por otro lado, vemos cómo a ladrones de guante blanco pertenecientes a la familia real, como Iñaki Urdangarín, se les construye un módulo de preso VIP en la misma cárcel donde se viola y tortura a mujeres presas por haber nacido en más bajo estrato social, y se le conceden beneficios que el resto de población reclusa no verá nunca, mientras el colectivo de presos sociales sigue embarcado en una huelga rotativa de hambre por un mínimo respeto a los derechos humanos básicos. La diferencia de trato y oportunidades sigue siendo abismal. Siguen siendo muy evidentes las funciones clave de la institución carcelaria, las de represión y de exterminio de los miembros de los estratos más bajos de la sociedad. Algún día los responsables de este régimen de falsa democracia tendrán que rendir cuentas de lo que están haciendo.
El caso de Antoine es una muestra más de cómo la maquinaria burocrática y vengativa del estado se ensaña con los más débiles. Durante demasiados años, no ha habido una coordinación de información para poder constatar que estaba localizado y su causa prescrita, se han desentendido de sus peticiones de documentación, de su solicitud de expediente para poder preparar una defensa (el sumario sigue sin aparecer, se lo llevan para juzgarlo, pero no lo juzgan). Último recurso de revisión, no contestado, por lo que muchas veces hemos tenido que hacer deducciones. Y la última OEDE, aun estando ya ejecutada, se ha mantenido activa durante un año hasta que la defensa ha logrado su retirada. Al menos en esto, con solidaridad hemos podido hacer frente hasta hoy a la necesidad de recursos económicos.
Pero sigue siendo muy necesaria una campaña propagandística de presión social por el archivo de la causa, todavía abierta, y que no sabemos cómo puede terminar, aunque haya suficientes pruebas de la prescripción. Es una cuestión de justicia histórica el que Antoine, veterano de la COPEL y cadena perpetua más antiguo de España, no tenga que pagar más cárcel por un delito que él mismo declara no haber cometido y sobre el que no hay pruebas, ya prescrito, y con una sentencia desproporcionada en relación a la gravedad de los hechos que se le imputan, siendo con todo el castigo, despreciable en sí mismo, como también lo es el sistema punitivo en su conjunto.
Animamos a toda nuestra militancia a implicarse en la educación anticarcelaria de su entorno social, a difundir y apoyar el movimiento de presos sociales, a debatir estrategias y programar acciones desde sus sindicatos, en contra del monstruo carcelario. Desde el Comité propresos de Levante, seguiremos informando de cara a próximas acciones de la campaña por la libertad de Antoine.
Un saludo anarcosindicalista y libertario
